En pos de la teoría de punta

Corte

 "(la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente de sudán, Omar Hassan Al-Bashir) podría conducir a mayor desestabilización con consecuencias a largo plazo para ese país y la región"

Declaración cumbre XV de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento No Alineados (NOAL)

I. ANTECEDENTES

 
Inspirados en los medios jurídicos adoptados previamente por los estados para combatir a los piratas,  la burguesía del siglo XX logra, aunque con escasos resultados, que 125 países implementen una ley buscando aplicar la Jurisdicción Universal en aras de erradicar la impunidad que de manera generalizada se presentaba ante el vacío de jurisdicción internacional [1]: Países europeos como Alemania, Bélgica [2], España [3], Reino Unido [4], Francia, Holanda [5] e Italia aún disponen de legislación interna reclamando jurisdicción universal en caso de crímenes de guerra, independiente del país en que estos hubieran sido cometidos. Tribunales con diferente competencia para actuar sobre distintos ámbitos territoriales como El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, [6] El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o Corte de justicia de Luxemburgo, [7] El Tribunal de Nuremberg y Tokio, [8] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, [9] y el Russel [10] se han conocido. Tribunales Penales Internacionales de naturaleza eventual patrocinados por Naciones Unidas y dependientes de su Consejo de Seguridad tales como El de Yugoslavia [11],  el de Ruanda [12],  y El Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Bangladesh [13]el de Sierra Leona operan actualmente [14], conjunto de tribunales que careciendo de capacidad propia para arrestar y poco respaldo de parte de los gobiernos que le apoyaron al momento de su creación, han tenido relativo éxito al aprehender en diez países de África, Asia y Europa a más de 250 personas inculpadas de crímenes graves.
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NOTAS
 
 [1]  En el derecho internacional choca frecuentemente el concepto de jurisdicción universal, generalmente adoptado de manera unilateral y por ende adoleciendo precisamente de universalidad, con principios tan universales como la soberanía jurídica de los Estados, la igualdad de las naciones, la inmunidad diplomática, y hasta con el contexto histórico ocasionado frecuentes dificultades políticas, embrollos y transpiés diplomáticos. Con la doctrina legal de inmunidad (soberana, funcional, personal): La "inmunidad soberana" establece que un gobierno no puede ser demandado sin su consentimiento; la inmunidad funcional protege a los funcionarios de manera indefinida pero incluye únicamente actos oficiales y no presuntos delitos; la inmunidad personal protege todos los actos de los funcionarios de más alto nivel como jefes de Estado mientras estén en el cargo; La inmunidad vitalicia la suelen tener los ex jefes de estado en Cortes de otros países por actos cometidos cuando estaban en el gobierno.
 
[2] La ley belga de 1993 -denominada ley antiatrocidad- fue enmendada hace poco por presiones internacionales para circunscribirla a casos donde las víctimas fuesen exclusivamente ciudadanos belgas otorgaba a la Corte Belga "jurisdicción universal" para juzgar los delitos de crímenes de guerra, de genocidio y crímenes contra la Humanidad amparados por la inmunidad e independientes de la nacionalidad de acusados y víctimas.
 
La enmienda afectó la investigación penal que desde julio de 2001 llevaba contra el ex primer ministro israelí Ariel Sharon por las masacres de palestinos en los campos de refugidados de Sabra y Chatila (Líbano), efectuada el 16 y 18 de septiembre de 1982 a manos de la milicia cristiano-falangista libanesa; contra George H.W. Bush en 2003 por el bombardeo de un refugio civil durante la primera Guerra del Golfo; contra varios implicados en el genocidio en Ruanda en 1994; y contra la petrolera francesa Total por varios crímenes cometidos en Myanmar. 
 
También la Corte Belga suspendió en marzo del 2007 el juicio que desde 2005 se adelantaba contra contra el ex jefe la gigantesca compañía de energía francesa Total, Thierry Desmarest, acusada de complicidad, y al ex director de las operaciones de la firma de  Myanmar, Hervé Madeo por hechos ocurridos durante la construcción de el gasoducto de Yadana en  durante la década de 1990. 
 
[3] Desde el 2005 la justicia española y su principal instancia judicial la Audiencia Nacional, aplica el principio de justicia penal universal, con independencia del lugar en el mundo donde se hayan cometido los crímenes. Ha abierto investigaciones sobre líderes chinos, estadounidenses e israelíes. El juez español Baltasar Garzón ha estado relacionado con:
 
- El procesamiento a Rodolfo Eduardo Almirón Sena, un antiguo funcionario policial argentino uno de los dirigentes de la organización de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina, la llamada Triple A, que según la justicia argentina estuvo encargada de llevar a cabo secuestros y asesinatos.
 
- El intento de enjuiciar por los cargos de terrorismo, genocidio y torturas al ex-dictador Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, quien gobernó Chile a sangre y fuego bajo  un régimen militar (1973-1990) que dejó 3.197 muertos, de los cuales 1.200 engrosan la lista de detenidos desaparecidos.
 
- Ha buscando juzgar desde el año 2005 los crímenes atroces cometidos por general guatemalteco José Efraín Ríos Montt a quien se le ha acusado de genocidio, tortura y detenciones ilegales durante la guerra civil que sacudió ese país entre 1962 y 1996, y a cinco de sus colaboradores, entre ellos el ex ministro de Defensa Ángel Aníbal Guevara, y el antiguo director de la Policía Nacional Germán Chupina Barahona. Desde el 7 de julio de 2006 esta Audiencia emitió una orden internacional de captura contra el general guatemalteco Ríos Montt.
 
El juicio oral que el Tribunal Supremo adelanta a Baltazar Garzón desde inicios de 2010 al incurrir en presunto prevaricato por intentar investigar criminales del franquismo anmistiados en 1977, va en contravía al principio de imprescripción aplicados a la gama de delitos catalogados de lesa humanidad, y marcaría el fin del intento por aplicar la justicia internacional.
 
En el caso de Alemania, su fiscalía recibió el 14 de noviembre de 2006 la demanda en contra de Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, uno de los principales arquitectos de la invasión y subsecuente ocupación de Iraq, y a otros 11 altos funcionarios y militares norteamericanos, entre quienes se destacan el ex director de la CIA George Tenet; el ministro de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y el ex comandante de las tropas norteamericanas en Irak, Ricardo Sánchez, por haber promovido y autorizado torturas en la cárcel de Abu Ghraib de Iraq y por supuestos abusos cometidos en la base militar de la bahía de Guantánamo (Cuba), en el marco de la guerra contra el terrorismo.
 
Y en lo que respecta a Italia ha trascendido que la justicia de este país ha abierto proceso para enjuiciar unos 80 implicados, civiles y militares notorios en las dictaduras que gobernaron Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, vinculados a la Operación Cóndor, un plan aplicado hace casi tres décadas que preveía el intercambio de información sobre los desplazamientos internacionales de personas opositoras catalogadas como subversivas y tenía luz verde inclusive para el secuestro y eliminación extrajudicial de los perseguidos mediante operativos conjuntos por encima de las fronteras. La formulación de cargos incluye a los destacados dictadores Jorge Rafael Videla, general y ex presidente de gobierno militar en Argentina, y a los generales chilenos Manuel Contreras y Augusto Pinochet.
 
De hecho la justicia italiana condenó a cadena perpetua a cinco ex militares argentinos por el homicidio de tres ciudadanos de origen italiano durante la dictadura militar (1976-1983). Y La Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia por "homicidio multiple premeditado" (secuestro, torturas y asesinato) a los ex miembros de la Armada argentina Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Héctor Antonio Febres y Antonio Vanek.
 
En el caso de Brasil hay que enfatizar que a los responsables de las atrocidades cometidas durante el régimen militar (1964 - 1985) no han podido ser procesados judicialmente debido a la Ley de Amnistía de 1979, constituyéndose en un perdón a los abusadores extendido a los agentes del gobierno y a miembros de grupos armados políticos, y debido también a que no existe la suficiente claridad al respecto por la existencia de leyes que definen plazos de "hasta 100 años" para hacer un inventario de los archivos y para dar a conocer documentos secretos la dictadura. 
 
[4] Hace poco se emitió una orden de arresto contra la ex ministra de Relaciones Exteriores israelí Tzipi Livni en relación a su participación en la más reciente intervención israelí en Gaza,
 
[5] En octubre de 2010, el presidente de Indonesia, Susilo Bangbang Yudhoyono, se vio forzado a cancelar una visita a Holanda porque un tribunal de ese país había aceptado una demanda en su contra presentada por independentistas de las islas Molucas. Poco después, otra instancia judicial holandesa desestimó seguir adelante con el proceso, pero el traspié diplomático no pudo ser evitado.
 
[6] El Tribunal o Corte Internacional de Justicia (TIJ/CIJ)de la Haya donde tiene su sede, fue creado como órgano judicial principal de las Naciones Unidas en 1945 para suceder al Tribunal Permanente Internacional de Justicia (TPIJ) creado en 1922 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones (SN). Este máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene juridicción aceptada por aproximadamente un tercio de los 191 miembros de la ONU. Su misión es función fundamentalmente consultiva y contenciosa. Resuelve las controversias jurídicas entre Estados planteadas por éstos y el de emitir dictámenes consultivos sobre las cuestiones jurídicas que puedan plantearle los órganos o agencias de la ONU autorizados. 
 
[7] La Corte de Justicia de Luxemburgo o El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TJCE): Tiene su sede Luxemburgo. El Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fue creado en 1952. Transformado en 1957 en el El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TJCE) y en 1989 se agrega al Tribunal de Justicia el Tribunal de Primera Instancia. Además del Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) existe también la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA).
 
Ejerce su jurisdicción civil sobre los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Fue Constituida para resolver las diferentes reclamaciones se produzcan en el área de la Europa Unida, pero canalizadas por la legitimación procesal de cada uno de los Estados miembros. En el Tribunal el Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho nacional y debe aplicarse de manera uniforme en los Estados miembros. Las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia tienen carácter vinculante en los Estados miembros. 
 
[8]  Los Tribunales de Nuremberg (Alemania) y Tokio fueron establecidos para juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas por Alemania y Japón respectivamente durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Tribunal de Nuremberg:
 
El Tribunal de Nuremberg fue creado mediante tratado por las 4 potencias (Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y Francia). Castigó la manera de llevar la guerra y la planificación y la concreción de la guerra misma. Tras casi un año de juicios 1945-1946 en la ciudad de Nuremberg donde se había forjado el movimiento nazi, 12 líderes de la maquinaria nazi fueron condenados a muerte, otros siete a penas carcelarias de entre diez años y cadena perpetua y tres fueron liberados. Al tribunal de Nuremberg se le critica que el juicio careció de un tribunal imparcial pues los representantes reconocían de antemano la responsabilidad de los nazis y era claro desde un principio que, más que un juicio, Núremberg era el escenario de una rendición de cuentas entre los ganadores y los derrotados. Más que un juicio, lo que sucedió en Núremberg fue la reivindicación del poder de las potencias; En su conjunto los tribunales de Nuremberg juzgó a 21 nazis, condenando a 16 de los cuales 11 con la la pena capital mediante ahorcamiento.
 
Luego del juicio de los mandatarios nazis en el tribunal Nuremberg, en Alemania sus distintos tribunales locales continúan juzgados a soldados alemanes o nazis: Hasta el presente unos 106 mil soldados alemanes o nazis fueron juzgados, de los cuales 13 mil fueron reconocidos culpables y la mitad, condenados. Ante un tribunal de Luneburgo el ex sargento de las SS Oskar Gröning, fue condenado a cinco años de cárcel en 2011 por complicidad en la muerte de casi 30 mil judíos en el campo de Sobibor, en la Polonia ocupada de ese entonces. 
 
Tribunal de Tokio:
 
Paralelamente al Tribunal de Nuremberg, se constituyó en Tokio el Tribunal de Tokio o Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, con el fin de juzgar a criminales de guerra japoneses una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, buscando aplicar el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. El Tribunal estuvo activo durante el 3 de agosto de 1946 hasta el 12 de noviembre de 1948. Compuesto jueces designados por los países victoriosos de la segunda guerra Mundial. Este Tribunal juzgó a 25 criminales de guerra a sentencias de pena de muerte, prisión y prisión perpetua.
 
[9] El Tribunal europeo de Derechos Humanos fue creado el 1 de noviembre de 1998 sustituyendo a la Comisión Europea de Derechos Humanos (creado en 1954) y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (creado en 1959). Tiene su sede Estrasburgo (Francia). Su misión es la de garantizar el respeto de los compromisos que se derivan para la Altas Partes contratantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de sus Protocolos. 
 
[10] El Russel luego fue denominado Tribunal permanente de los pueblos. 
 
[11] El TPIY, "Tribunal de Belgrado" ó "tribunal de la OTAN", fué creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de la resolución 827 del 25 de mayo de 1993 por sugerencia de Francia para  juzgar sólo a personas y no organizaciones, partidos o entidades administrativas. Inició sesiones el 17 de noviembre de 1993 y debía haber terminado sus procesos en primera instancia en 2008 y las apelaciones en 2010, pero al faltar juicios y quedar otros inconclusos (el de Ratko  Mladic, el de Goran Hadzic, y el de Ramush Haradinaj) extenderá su funcionamiento hasta el 2014.
 
Compuesto por 16 jueces elegidos por la Asamblea General de la ONU para un plazo de cuatro años y de los cuales 10 son europeos o de la OTAN. Estos magistrados se dividen en tres cámaras para la celebración de juicios y una cuarta para apelaciones. Cada una de estas cámaras la conforman tres jueces permanentes, que pueden estar acompañados por otros seis para casos concretos. La cámara de apelación la forman, sin embargo, siete jueces. La oficina del fiscal presidida por el belga Serge Brammertz es la que acusa. Opera con independencia al Consejo de Seguridad o de cualquier Estado así como del resto de los órganos del Tribunal. Sus miembros son oficiales de policía, expertos en criminología, analistas y abogados. Éstos trabajan recogiendo pruebas, identificando testigos y exhumando fosas comunes, preparando así la acusación para el juicio. Su mandato se ocupa investigar y castigar a quienes osaron enfrentar la OTAN/NATO e incurrieron en crímenes contra la Humanidad y en crímenes de guerra durante los cruentas guerras independientistas de carácter étnico ocurridas entre 1991 y 1999 en la región de los Balcanes protagonizados por bosnios, croatas, musulmanes y serbios, teniendo como escenarios a Croacia (1991-1995), Bosnia (1992-1995), y a Kosovo (1998-1999) y que dejó más de 250 mil personas eliminadas en más de una treintena de masacres de entre los cuales la más atroz cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial fue la de 8 mil varones musulmanes, conocida como la masacre de Srebrenica, efectuada por miembros del ejercito serbo-bosnio en un almacén de una cooperativa agrícola de la localidad de Trnovo, enclave musulmán al este de Bosnia-Herzegovina, ocurrida el 13 de Julio de 1995, cuando se hallaba bajo protección de los cascos azules holandeses. Por este hecho se sindica al ex-general Ratko Mladic y a su comandante Radislav Krstic (condenado en abril de 2004); Rodovan Karadzic, líder político serbio; Slobodan Medic, comandante de la unidad paramilitar "Escorpiones"; Branislav Medic; Petrasevic; Stojan Zupljanin; y, Aleksandar Medic. Un requisito del TPIY es que los apoderados hablen inglés y francés. El TPIY tiene dispuesta la prisión de Scheveningen ubicada en la Haya, Holanda, como sitio de retención y detención de condenados.
 
Durante estos 18 años de funcionamiento todos los altos responsables políticos y militares de los crímenes cometidos fueron detenidos y estan  o  juzgados o  en espera de proceso: De las 161 personas inculpadas, todas han sido detenidas y 125 casos han sido concluidos. 12 inculpados han sido absueltos, 64 sentenciados a penas de cárcel, 36 han muerto o no han sido juzgados y 13 casos han sido reenviados a las autoridades locales para que se celebrasen allí los juicios. 
 
Ha juzgado al Serbio Radislav Krstic (sentenciado a 46 años de prisión reducidos a 35), Biljana Plavsic (sentenciado en 2001 a once años), el ex Presidente Slobodan Milosevic (quien murió durante su juicio en 2006) y a Momcilo Krajisnik (sentenciado en 2008 a 20 años). Sobre Rodovan Karadzic, arrestado en Belgrado en 2008 esta siendo enjuiciado desde 2009, pero él se niega a reconocer la jurisdicción del tribunal y a declarar, afirmando que hay una conspiración en su contra. Sus estatutos  prevén la cadena perpetua como la máxima pena, la que sólo fue aplicada a cuatro personas entre ellas a Milomir Stakic acusado de genocidio, y a Milan Lukic, quien lideró el grupo paramilitar serbio Águilas Blancas. Las demás penas de prisión fluctúan entre 15 y 40 años las cuales han sido aplicadas principalmente a Slobodan Milosevic, Milan Babic, Dragan Nikolic (), al ex general Vladimir Lazarev, a Zdravko Tolimir, a Branislav Medic, a Mile Mrksic, a Veselin Sljivancanin, a Petrasevi,  a otros ex responsables serbios como al ex viceprimer ministro yugoslavo Nikola Sainovic, el ex general Nebojsa Pavkovic el ex general de la Policía, Sreten Lukic, al ex jefe del Ejército, Dragoljub Ojdanic, y a Radovan Stankovic, ex soldado del Ejército Bosnio-Serbio (sentenciado en 2007 a 20 años). La Sala de Apelaciones del tribunal absolvió a mediados de noviembre de 2012 a los ex-generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markac, sentenciados a 24 y 18 años de cárcel respectivamente, los cuales se suman a los antes absueltos  Milan Milutinovic, ex presidente serbio y a Iván Cermak, y al ex general croata. Y exoneró, por segunda vez, al ex primer ministro de Kosovo Ramush Haradina y a Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, ex-miembros del ELK (Ejército de Liberación de Kosovo); En 2008 fue sentenciado a 3 años de cárcel A Rasim Delic, musulmán y ex comandante del Estado Mayor principal del ejército de Bosnia-Herzegovina (ABiH); Desde octubre de 2009 se adelantó juicio contra el líder político serbio Radovan Karadzic detenido un año antes en Belgrado después de pasar trece años fugado. Condenado a 40 años de cárcel por el genocidio de Sbrenica y crímenes contra la humanidad durante el conflicto de Bosnia.
 
Dragan Vasiljkovic (capitán Dragan o como Daniel Snedden) un ex comandante de un grupo paramilitar serbio, durante la guerra entre serbios y croatas de 1991-1993 sería extraditado a Croacia desde Australia, para enfrentar cargos por crímenes de guerra.
 
El socialista Slobodan Milosevic, acusado de desarrollar en 1998 una cruenta limpieza étnica de kosovares falleció en su celda el 11 de marzo de 2006, en el centro de detención del tribunal; el ex ministro de la auto-proclamada "República Serbia de Krajina" Milan Babic en 2004 se declaró culpable de cometer crímenes de guerra y fue condenado a 13 años en prisión pero presuntamente se suicidó en su celda el 5 de marzo de 2006 en la prisión; El ex general de los serbios de Bosnia, Ratko  Mladic o Ratko "Radislav" Mladic, llamado el "carnicero de Srebrenica" inculpado de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra de Bosnia (1992-1995) y señalado de haber sido uno de los promotores del sitio a Sarajevo entre 1992 y 1996 y señalado de ocasionar la muerte de 12 mil personas y de liderar las tropas durante la masacre de 8 mil musulmanes en Srebrenica, fue detenido en Lazarevo (Serbia) el 26 de mayo de 2011 luego de haber conseguió eludir la justicia internacional durante dieciséis años, y transladado a una penitenciaría de Scheveningen compareció el 16 y 17 de mayo de 2012 con la declaración preliminar de la acusación y se reinició el 29 de mayo de 2012 con el primer testigo citado por la fiscalía pero el 19 de junio fue de nuevo suspendido y reanudado días más tarde. Proceso que podría durar tres años; Goran Hadzic, ex general y líder de los serbios de Croacia durante el conflicto de 1991,  ex-miembro de la Liga de los Comunistas, y "presidente" de la rebelde República Serbia de Krajina desde febrero de 1992 hasta finales de 1993. Considerado  el último fugitivo de este Tribunal y al que se le acusa de 14 cargos cometidos durante la guerra croata (1991-1995), entre los que figuran crímenes contra la humanidad cometidos entre agosto de 1991 y junio de 1992 como la ejecución de 264 prisioneros croatas y otras personas no serbias en octubre de 1991 refugiadas en el hospital de Vukovary. En su condición de prófugo desde 2004 fue detenido el 21 de julio de 2011 en Serbia en una operación liderada por los servicios secretos serbios y luego de la vista preliminar el del 25 de julio de 2011 comparecerá por segunda vez ante el TPIY el 24 del siguiente mes de agosto; De nuevo y desde el 18 de agosto de 2011 en el banquillo del Tribunal y por reapertua del juicio está Ramush Haradinaj, actual líder de la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj, ex comandante guerrillero albano-kosovar KLA,  ex primer ministro kosovar y considerado el más alto responsable kosovar perseguido por el TPIY quien comparece con los imputados Idriz Balaj y Lahi Brahimaj (absuelto y condenado a seis años de prisión, respectivamente), y a quien se le había procesado en abril de 2008 por limpieza étnica de serbios, albaneses y gitanos y puesto en libertad por falta de pruebas; El comandante bosnio de Srebrenica, Naser Oric, quien había sido absuelto por el tribunal de La Haya en 2008 porque La corte determinó que no tenía mando sobre las fuerzas que cometieron crímenes de guerra, fue detenido en Suiza en junio de 2015 bajo una orden de arresto de Interpol pedida por Serbia, quien lo acusa de matar a civiles serbios durante la guerra de los Balcanes; Y a fines de abril de 2015 La sala militar del tribunal de Arnhem  descartó procesar al  Casco azul holandés, el general retirado Tom Karremans, acusado de entregar a los serbios para ser masacrados en Srebrenica cuando la misión de la ONU debió haberles ofrecido protección.
 
Al TPIY se le critica el carecer de medios propios para capturar a los reos y hacer cumplir sus veredictos; de perseguir unilateralmente a presuntos criminales de guerra de Serbia; y, de violación de legítima defensa de acusados porque no ha conseguido la asistencia de abogados en su celda de la Haya al no sufragar sus gastos como se ha presentado en el caso del exlíder ultranacionalista serbio Vojislav Seselj.
 
Las últimas detenciones, la de Ratko Mladic y la de Goran Hadzic, obedecieron más a un interés político del gobierno Serbio de sumarse a la Unión Europea que a un esfuerzo sincero de cooperación en aras a alcanzar una verdadera justicia. A estas detenciones se le sumaron la de 8 antiguos miembros de una brigada especial de la policía serbobosnia entre los cuales figura el comandante Nedeljko Milidragovic, apodado "Nedjo el carnicero", efectuadas por Serbia en 2015.
 
El TPIY ha contribuido a la jurisprudencia ampliando la tipología de los delitos más graves del derecho internacional y ha dado luces a muchos de los elementos de los crímenes que han sido recogidos posteriormente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
 
[12] El Tribunal Internacional de Ruanda (TPIR ) con sede en Arusha (Tanzania), fue aprobado a petición del gobierno Tutsi de Ruanda, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del Capítulo VII de la carta de la ONU con resolución 955 del 8 de noviembre de 1994 para juzgar a los autores y promotores del genocidio ruandés ocurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, durante el cual fueron asesinados 937 mil Tutsis (ganaderos) y Hutus moderados (granjeros), carnicería de 100 días organizada por el gobierno extremista hutu presidido por el general Juvenal Habyarimana. Un conflicto con un historial de varias décadas de tensiones, de odio ancestral entre Hutus y Tutsi, preludio de un una guerra civil que desembocó en crímenes contra la humanidad.
 
El Tribunal esta definido como un organismo independiente del Estado de Ruanda. Lo forman 16 jueces, 3 africanos y 5 de la OTAN. El Consejo de Seguridad nombra sus jueces y magistrados quienes inician las investigaciones en mayo de 1995. Mediante la resolución 1684 de junio 13 de 2006 se le prolonga el mandato a 11 miembros hasta el 31 de diciembre de 2008. 
 
Hasta hoy se han dictado 43 veredictos de culpabilidad por participar en el genocidio de 1994 en el que incluso ha quedado cuestionado seriamente el papel de la iglesia católica:
 
Han sido acusados al menos tres clérigos católicos de participar en genocidio entre ellos Athanase Seromba, condenado en diciembre del 2006 a 15 años de cárcel a quien la sala de apelaciones elevó la pena a cadena perpetua en marzo del 2008; contra Emmanuel Rukundo ex capitán y capellán católico de las Fuerzas Armadas de Ruanda y párroco de la comunidad de Kanyanza, en un proceso que comenzando en 2006 se extendió hasta el 2009 culminando con sentencia condenatoria de 25 años por genocidio, asesinatos y exterminio; a Jean Kambanda, ex-primer ministro, quien cumple cadena perpetua por su participación en el genocidio; A cadena perpetua dictada en 2008, reducida a 35 años de cárcel tras su revisión por la Corte de Apelaciones fue la condena final al coronel Theoneste Bagosora, considerado cerebro' del genocidio, quien orquestó las masacres de 937.000 personas entre abril y julio de 1994, ex director del Gabinete del Ministerio de Defensa de Ruanda y estrecho colaborador del Presidente Habyarimana; condenado a cadena perpetua por genocidio y por crímenes de lesa humanidad al mayor Aloys Ntabakuze, comandante del Batallón de comandos paracaidistas; y a Callixte Mbarushimana, secretario Ejecutivo del movimiento rebelde Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR); A 30 años de prisión cada uno fueron condenados los exministros Justin Mugenzi y Prosper Mugiraneza, por conspiración para cometer genocidio y por incitación pública a cometer genocidio. La cadena perpetua que en un comienzo recibiera el coronel Anatole Nsengiyumva, comandante militar de Gisenyi, fue revisada y finalmente ha sido condenado a 15 años de cárcel.
 
El TPIR traslado el caso del ex pastor ruandés Jean-Bosco Uwinkindi a Ruanda porque considera que ese país esta en condiciones de procesarlo. Constituyéndose en el primer traslado que realiza.
 
Seis sentenciados, en 2011, han sido: Pauline Nyiramasuhuko, ministra de la Familia y el Desarrollo de la Mujer desde abril de 1992 a 1994, arrestada en Kenia en julio de 1997  y trasladada para ser juzgada. Comparecía ante el Tribunal desde junio de 2001 y en juicio que duró 10 años se le condenó a cadena perpetua por crímenes de de genocidio, conspiración para cometer un genocidio, exterminio y violación de mujeres y niñas Tutsis, atrocidades cometidas en la región de Butare, en el sur de Ruanda; Arsene Shalom Ntahobali, condenado a cadena perpetua por los mismos tipos de crímenes cometidos por su madre Pauline Nyiramasuhuko;  Sylvain Nsabimana, El ex prefecto de Butare,  condenado a 25 años de cárcel; Alphonse Nteziryayo, ex teniente coronel de las Fuerzas Armadas y ex prefecto de Butare y sucesor de Sylvain Nsabimana, condenado a 30 años; Joseph Kanyabashi, ex alcalde del barrio de Ngoma en la región de Butare,  condenado a 35 años de cárcel; y, Elie Ndayambaje, ex alcalde de Muganza, condenado a cadena perpetua.
 
Fueron absueltos de genocido el ex ministro de Salud Casimir Bizimungu y el de Relaciones Exteriores, Jerome-Clement Bicamumpaka.
 
Además de que se le critica al Tribunal la jurisdicción temporal por considerarla demasiado estrecha (de enero 1 a diciembre 31 de 1994) cuando debería abarcar la guerra civil comenzada desde 1990; el que a las víctimas se les limite a desempeñar un papel de simples testigos en vez de hacer un acompañamiento durante todos los procedimientos; también se le cuestiona la legitimidad de sus órganos judiciales, por tratarse de una justicia internacional ad-hoc, que contradice los principios procesales penales de Derecho interno, que establecen como garantía para el acusado, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, debiendo el Tribunal estar establecido por ley con anterioridad al acometimiento de los hechos objeto del juzgamiento.
 
El TPIR es acusado de parcialidad: Enjuicia al Ejército Patriótico Ruandés (RPA) dejando de lado, por el mismo mandato como por presiones de EEUU, investigar al Frente Patriótico Ruandés, FPR, el bando ganador de la guerra convertido en el Ejército de Ruanda presidido por el actual presidente Paul Kagame, haciendo que los principales instigadores del genocido escapen al juicio. Se ha recurrido incluso a la expulsión de magistrados cuando investigan lo que no interesa a las grandes potencias, como le ocurrió a la fiscal en jefe suiza Carla di Ponte.
 
El genocidio de los tutsies en 1994, ha sido utilizado para encubrir las masacres cometidas por el Frente Patriótico Rwandés, FPR, (el bando ganador de la guerra precidido por el actual presidente Paul Kagame) tanto en Ruanda como posteriormente en la República Democrática del Congo y también para esconder la naturaleza dictatorial del régimen.
 
El Consejo de Seguridad definió el conflicto como interno, nacional, pero al cual no se le aplicaría las normas del derecho Internacional Humanitario cnsuetudinario que le son aplicables: Las Convenciones de Ginebra de 1949 y otras normas establecidas para conflictos bélicos internacionales.
 
Como aspecto positivo figura la aplicación de mejoras en la tipificación de conductas: Estableció la violación como un componente del delito de genocidio.
 
Dinamarca, Finlandia, Noruega, y, Suecia,  en virtud de su legislación, permite juzgar y condenar a personas por delitos cometidos en el extranjero incluyendo el genocidio como los cometidos en Ruanda durante 1994:
 
En febrero de 2013 un tribunal Oslo, Noruega, condenó a 21 años de cárcel, la máxima pena admitida al momento, a  Sadi Bugingo, un ruandés un hutu, Detenido, en 2011 tras una investigación de tres años y quien fue declarado  autor intelectual del asesinato de 2000 personas en la prefectura de Kibungo (sudeste de Ruanda). Ha sido el primer proceso por genocidio en la historia de Noruega.
 
En 2013, un tribunal sueco condena por primera vez por genocidio a Stanislas Mbanenande; un Ruandés de la etnia Hutu nacionalizado en Suecia quien tomó parte en numerosas masacres en Kibuye (oeste de Ruanda), por el genocidio.  Y en mayo de 2016 otro tribunal, de Estocolmo, a cadena perpetua por genocidio a Claver Berinkindi,  ciudadano sueco de origen ruandés de la etnia Hutu, por su participación en el genocidio de Tutsis en la prefectura de Butare (sur de Ruanda).
 
[13]  El Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Bangladesh, TIB, también llamad Tribunal de Crímenes Internacionales número dos de Dacca, fue creado  en 2010 por la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina,  para juzgar a aquellos islamistas Bangladíes que colaboraron con Pakistán en un conflicto de 9 meses que independizó en 1971 a Bangladesh de Pakistán, y por la cual murieron entre 300 mil y 500 mil personas y cientos de miles de mujeres fueron violadas. Desde 2013 ha emitido 17 sentencias contra acusados por crímenes contra la humanidad:  Sentenció, en su  sexta sentencia, en diciembre de 2014 a pena de muerte al  líder islamista Azharul Islam,  vinculado a la Secretaría General del partido islamista Jamaat-e-Islami (JI) (ex-jefe del Islami Chhatra Shangha -el brazo estudiantil del JI- en la ciudad de Rangpur, en el norte del país, y lideró durante el conflicto la milicia Al-Badr, que apoyaba al Ejército paquistaní); al líder islamista Abdul Qader Molah; en febrero de 2015 a Abdus Subhan, exjefe del Partido Jamaat-e-Islami (JI) en el distrito de Pabna, el décimo sexto acusado y el noveno de su partido en ser sentenciado por crímenes de guerra; y en abril de 2015 sentenció a muerte a Mohammad Qamaruzzaman, ex-secretario general asistente del partido Jamaat-e-Islami.
 
Al TIB se le crítica por condenar a los opositores políticos de la primera ministra, Sheik Hasina.
 
[14] En agosto del 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU a petición del gobierno Sierraleones estableció un Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL). Recibe contribuciones voluntarias en dinero y especie de mas de 40 estados y ha sido fuertemente apoyado por Canadá, Holanda, Nigeria, Reino Unido y EE.UU..Inicia sesiones en Freetown el 16 de enero de 2002, luego de que se otorgara amnistía el 11 de julio de 1999 a los miembros de la agrupación rebelde Frente Unido Revolucionario (FRU), protagonista de una guerra civil entre 1989-1999. Es competente para juzgar a los máximos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en Sierra Leona a partir del 30 de noviembre de 1996. Financiando por EE.UU., Holanda, Gran Bretaña, Canadá y España.
 
Todos los juicios ante el TESL concluyeron: Ha condenado en Freetown, capital de Sierra Leona, a ocho acusados por crímenes cometidos en Sierra Leona a penas de entre 15 y 52 años de cárcel. A Charles Ghankay Taylor, ex presidente de Liberia (1997-2003), acusado de colaborar con el FRU en condición de mandatario, y quien se convirtió en el segundo presidente requerido por un tribunal internacional, en un proceso que se ha prolongado casi cinco años, se le encontró culpable el 26 de abril de 2012 de delitos de lesa humanidad (de proporcionar armas, alimentos, suministros médicos, combustible y equipos a las fuerzas que cometieron atrocidades durante la guerra civil en Sierra Leona 1991-2001 que dejó 120.000 muertos entre 1991 y 2001), pero no de haber ordenado o planificado los crímenes) durante 10 años. El TESL dara a conocer su sentencia defintiva el 30 de mayo de 2012.
 
A este Tribunal se le critica el carecer de competencia para juzgar al expresidente de Liberia Charles Ghankay Taylor; que no tiene jurisdicción en Liberia; que Taylor sólo dispone de un abogado para defenderse, mientras la Fiscalía puede contar con un equipo de nueve letrados; El mismo Taylor negó los cargos argumenta que su juicio formaba parte de una conspiración política de países occidentales dado que intentaba llevar la paz a la región. Como aspecto positivo se destaca la diferencia con respecto al TPIR y del TPIY por no requerir de permiso alguno de los gobiernos locales para obtener competencia para juzgar.